Braylin Peraza Alfaro, Radio-E | braylin.peraza@radioe.org
La Sala Constitucional dictó una nueva medida cautelar que frena temporalmente el trámite legislativo del Presupuesto Nacional 2027, en el cual se incorporó una reducción de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), recursos destinados al financiamiento de las universidades públicas costarricenses.
La resolución, emitida el lunes 9 de noviembre por la magistrada Ingrid Hess Herrera, ordena al Plenario de la Asamblea Legislativa abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate el proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026. La decisión fue acogida a solicitud de 12 diputaciones de oposición, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reducción presupuestaria y sus posibles implicaciones para la autonomía universitaria, con fundamento en los artículos 84, 85 y 88 de la Constitución Política.
El recorte que originó la gestión corresponde a ₡8.048.128.252 del FEES, incorporados mediante la moción 16, aprobada el 20 de octubre en la Comisión de Asuntos Hacendarios. La modificación trasladó esos recursos a una subpartida destinada a financiar las contribuciones patronales del Ministerio de Educación Pública (MEP) a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
Los fondos forman parte de montos postergados correspondientes a los años 2020 y 2021, cuya recuperación había sido acordada por la Comisión de Enlace el 20 de noviembre de 2025. Según lo señalado por las universidades públicas, estos recursos estaban vinculados a compromisos de inversión y su reducción representa un riesgo para el desarrollo de actividades académicas y servicios dirigidos a la población estudiantil.
La Comisión de Vicerrectores y Vicerrectoras de Vida Estudiantil (COMVIVE), que articula el trabajo de las cinco universidades públicas en esta área, advirtió que la reducción podría repercutir en programas de becas, residencias, alimentación, atención de la salud física y mental, orientación y acompañamiento académico, así como en actividades culturales y deportivas. La instancia también señaló que las consecuencias podrían afectar especialmente a estudiantes de hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y de comunidades alejadas de la Gran Área Metropolitana.
En la misma línea, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) alertó sobre posibles efectos en las oportunidades de acceso y permanencia estudiantil, además de limitaciones para el desarrollo de la investigación, la acción social y el trabajo de las sedes regionales. La Universidad Nacional (UNA), por su parte, advirtió que las reducciones presupuestarias podrían comprometer sus planes de expansión académica, entre ellos la apertura de 417 nuevos cupos en carreras de ingeniería en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí. Esta iniciativa forma parte de un escenario de posibles afectaciones asociado a distintas propuestas de recorte.
Las diputaciones que acudieron a la Sala Constitucional también cuestionaron que la modificación se incorporara sin la consulta correspondiente a las universidades públicas. Como antecedente, señalaron una resolución de 2022 en la que la Sala declaró inconstitucional una reducción al FEES incluida en el presupuesto de 2019. La gestión busca que el tribunal examine si la moción aprobada en la Comisión de Asuntos Hacendarios respeta las garantías constitucionales sobre autonomía y financiamiento universitario.
La medida se emitió durante una jornada en la que el Plenario ya había recibido una primera orden cautelar relacionada con el presupuesto del Poder Judicial. Esta había sido interpretada por la presidencia legislativa como una restricción a la votación definitiva, pero no a la discusión del proyecto. La segunda resolución, en cambio, estableció expresamente que la Asamblea debía abstenerse de discutir y aprobar el presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre. Tras recibirla, la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, levantó la sesión a las 6:34 p. m.
La suspensión no representa todavía una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del recorte ni significa que los recursos hayan sido restituidos a las universidades. Su efecto inmediato es detener temporalmente el trámite legislativo mientras la Sala analiza los cuestionamientos presentados, en un proceso que deberá resolverse dentro del plazo constitucional para aprobar el presupuesto nacional, establecido antes del 30 de noviembre.